El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, logró ayer que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le variaron la prisión preventiva dictada en su contra, por su vinculación en el caso Calamar.
El tribunal, presidido por Doris Pujols Ortiz e integrado por Rafael Báez e Indhira Montás, dispuso que el imputado pague una garantía económica de cinco millones de pesos a través de una compañía aseguradora.
Igualmente, el tribunal le impuso impedimento de salida del país y presentación por ante el ministerio público que lleva a cargo la investigación, en este caso la Dirección de Persecución del Ministerio Púlico y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) .
A su salida del tribunal, el exfuncionario del gobierno de Danilo Medina, bajo estricta medida de seguridad, saludó la decisión del tribunal por considerarla justa.
El tribunal tomó la decisión al acoger un recurso de apelación interpuesto por el imputado a través de sus abogados Eduardo Núñez, Mario Aguilera, Manuel Rodríguez y María del Pilar Zuleta.
El tribunal en sus motivaciones alegó que el ex funcionario no representaba peligro de fuga, por lo que procedía la revocación de la medida de coerción dictada en su contra por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, el pasado 4 de abril del año 2023.
Al salir del tribunal, el fiscal litigante Arolin Lemos, en compañía de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, expresó ante los medios de comunicación que a pesar de la decisión del tribunal, seguirá haciendo su trabajo y asumiendo su rol de persecutor de los delitos de corrupción.
Sostuvo que seguirán trabajando para presentar una acusación fuerte, como el ministerio público lo viene haciendo con los demás casos que se encuentran en los tribunales.
En torno al caso están guardando prisión preventiva el exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, mientras está bajo arresto domiciliario el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castilllo.
Otros imputados en el caso son el abogado Ángel Lockward, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.