La suspensión de ayuda exterior financiada por el gobierno federal de Estados Unidos, impulsada por Donald Trump desde la semana pasada, comienza a dejar ver los efectos a gran escala de una de las tantas polémicas decisiones que ha tomado el republicano en los agitados primeros días de su regreso a la Casa Blanca. Los impactos de esta medida se extienden a República Dominicana, donde varios programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) podrían verse afectados.
Para el presupuesto del año fiscal en curso, el anterior secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aprobó un monto de 42,750 millones de dólares para ser invertidos en salud, desarrollo y educación y entrenamiento militar en República Dominicana.
Solo en agosto del año pasado, la Usaid proporcionó al gobierno dominicano más de 45 millones de dólares para abordar áreas claves, como el crecimiento económico, democracia y derechos humanos, la adaptación climática y preparación ante desastres, educación y seguridad sanitaria global. El anuncio lo hizo Samantha Power, la jefa de la agencia en ese momento durante una visita al país.
Ahora, estas ayudas están amenazadas con las políticas de "gastar o ahorrar en casa" del gobierno de Trump, cuyas medidas ya provocaron el despido de personal y el cierre de programas en todo el mundo.
El Departamento de Estado bajo el liderazgo de Marco Rubio ha concedido varias exenciones para garantizar la ayuda en áreas esenciales. En un primer momento, Rubio eximió los programas de alimentos de emergencia y a la ayuda militar a Israel y Egipto de la suspensión del gobierno, y el martes incluyó a programas que proporcionan medicinas vitales, servicios médicos, alimentos, refugio y asistencia de subsistencia.
La exención de Rubio no cubre programas que se ocupan del aborto, la planificación familiar, las conferencias o cualquier cosa relacionada con la diversidad, la equidad y la inclusión o la reasignación de género.
Estados Unidos es la mayor fuente de ayuda exterior del mundo, proporcionando cuatro de cada 10 dólares donados para ayuda humanitaria, destaca la agencia de noticias The Associated Press.
De acuerdo con la orden del presidente Donald Trump, la ayuda exterior será pausada por 90 días para darle tiempo a la administración de revisar cuáles de los miles de programas seguirán recibiendo dinero del país.
Pánico por los suministros contra el VIH/SIDA
En la orden se incluyó el fin de las distribuciones de medicamentos para el VIH adquiridos con ayuda humanitaria norteamericana, incluso si las operaciones de compra ya se han materializado y los tratamientos se encuentran en los centros sanitarios.
Esta decisión provocó que ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que Trump ordenó la salida de Estados Unidos, denunciara el riesgo que enfrentan millones de personas en países en desarrollo.
"Una repentina y prolongada detención de estos programas no permitirá una transición controlada y pone a millones de vidas en peligro", indicó la OMS en un comunicado donde señaló que los programas estadounidenses, denominados Pepfar, dan tratamiento a 20 millones de personas en el mundo, incluidos 566,000 niños.
La coalición dominicana Ongsida expresó su "profunda preocupación" por la orden de la Administración Trump, asegurando que pone en peligro la salud y el bienestar de miles de personas en el país que se benefician del Pepfar.
La organización pidió al gobierno de Luis Abinader incluir este tema en la agenda que agotará Rubio durante su visita el próximo 5 de febrero.
"Es fundamental tomar acciones urgentes para mitigar el impacto devastador de esta decisión en las poblaciones más vulnerables", declaró Santo Rosario, presidente de la coalición.
El Pepfar ha financiado los esfuerzos globales para combatir la propagación del Sida desde que el presidente George W. Bush lo creó en 2003.
Fin de subvenciones en Estados Unidos
El martes a las 5:00 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, entró en vigencia un memorando emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto que ponía en pausa las ayudas y préstamos federales, en medio de una revisión ideológica general de los gastos del gobierno.
No obstante, la medida encontró el rechazo de diversos sectores, incluidos legisladores demócratas del Congreso estadounidense, entre el representante de origen dominicano, Adriano Espaillat, quien dijo estar "profundamente preocupado" por el impacto de la medida para personas dependientes de vales de comida y vivienda, así como usuarios del programa de salud Medicaid.
El miércoles en la tarde, la Casa Blanca anunció que rescindía la orden, que más temprano había sido bloqueada temporalmente por un juez federal.
El Gobierno había justificado la medida argumentando la necesidad de garantizar que todos los fondos cumplan con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump, que incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).
En sus horas de vigencia, la orden había creado cierto caos y pánico en su implementación y provocado incluso la caída de los portales de pagos federales del programa de seguro de salud público Medicaid.
Durante décadas, la política de Estados Unidos ha sido que la ayuda otorgada al extranjero se paga a sí misma a través de una mayor seguridad nacional, la estabilización de regiones y economías y la mejora de las relaciones con los socios.
Pero muchos funcionarios de la administración Trump y legisladores republicanos creen que gran parte de la ayuda extranjera es dinero que debe gastarse o ahorrarse en casa.