Decenas de campesinos han salido a las calles de Maimón y Cotuí desde las 6:00 de la mañana de este miércoles dejando saber el sentir del pueblo en contra de la construcción de una presa de cola por la minera Barrick Gold Pueblo Viejo.
Algunos a pie y otros en vehículos, han inmovilizado el tránsito en la carretera de Maimón y Cotuí imposibilitando a empleados que se dirigen a la minera llegar hasta sus puestos de trabajo.
Con cantos como “La Barrick es una minera asesina protegida por un gobierno entreguista, pero el pueblo resiste y no baja la vista” armonizan su caminar en un muro humano que no da paso ni a motocicletas ni carros o camionetas.
“Solicitamos la intervención del presidente Luis Abinader”, se lee en uno de los carteles que lucen los campesinos.
Roque Espaillat, (El cobrador) excandidato presidencial, se unió a la proclama del pueblo manifestando que la minera extranjera busca apropiarse del oro que le pertenece al pueblo.
“El oro es del pueblo dominicano, está es una empresa extranjera que quiere desplazar campesinos que han vivido durante décadas y creen que pagando un puñado de monedas le pagan décadas de vida”, indicó.
Fernando Peña del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y representante de la comunidad en la comisión mediadora del diálogo, expresó que lo que busca la Barrick es “quedarse con las manos libres” sin compromiso.
“Lo que Barrick ha estado haciendo es intentando invalidar la representación de la comunidad”, dijo, al tiempo de manifestar que estos intentan sacar de la conversación al líder y representante de los comunitarios.
Comisión
Una comisión mediadora encabezada por los comunitarios, la iglesia, el Defensor del Pueblo y la Barrick han sostenido al menos tres encuentros para que las partes involucradas concerten un acuerdo.
El último encuentro tuvo lugar el lunes, pactando que la mina debe entregar un informe donde revisen las dos normas de reasentamiento involuntario, que permita aplicar una reubicación favorable para las comunidades, conforme a los estándares internacionales.
Este informe debe ser presentado ante el Defensor del Pueblo en un plazo de 10 días, siendo este el 30 de enero de este año.
En tanto, la próxima reunión de la comisión será realizada el 4 de febrero de este año en la Universidad Católica del Cibao (Ucateci), donde se continuará desarrollando la agenda de trabajo para avanzar en las soluciones.